Los mineros e intercambios de criptomonedas en Venezuela permanecerán cerrados mientras las autoridades tratan de hacer frente al multimillonario caso de corrupción.
Al parecer, las autoridades de Venezuela han instado a los mineros locales de bitcoins a detener temporalmente sus operaciones mientras inspeccionan una importante trama de corrupción que podría haber drenado hasta 20.000 millones de dólares.
Se sospecha que personas que forman parte del ciclo interno del presidente Maduro orquestaron el delito que involucró a la compañía nacional de petróleo y gas – Petróleos de Venezuela.
Detención de las actividades criptográficas durante la investigación
Según una cobertura de Forbes, los mineros de BTC a gran escala en Venezuela tendrán que apagar sus máquinas debido a un presunto caso de corrupción que conmocionó a la nación. Se estima que faltan entre 3.000 y 20.000 millones de dólares en Petróleos de Venezuela, una empresa estatal de petróleo y gas natural y el quinto exportador mundial de hidrocarburos.
Los investigadores acusan a algunos dirigentes del movimiento político del Presidente Maduro (conocido como chavismo) de tener algo que ver en la trama.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) está en el centro del proceso, ya que desempeñó un papel en la liquidación de las ventas tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la empresa. También se encontraba entre las principales instituciones relacionadas con todo tipo de uso de la energía y la minería de bitcoin.
Las autoridades también han exigido a otras empresas de criptomoneda, incluidas las bolsas y plataformas de pago con licencias SUNACRIP, que cesen sus operaciones durante la investigación.
Publicaciones en las redes sociales han revelado recientemente que la Policía Nacional Anticorrupción había empezado a inspeccionar las empresas nacionales de minería de bitcoin para encontrar cualquier vínculo entre ellas y las filtraciones de corrupción en el sector energético. Los agentes de la ley también han comprobado si los mineros tienen la autorización necesaria y la documentación actualizada para operar en el país.
Cabe señalar que muchas de esas licencias fueron expedidas por Joselit Ramírez (presidente de SUNACRIP) y Rajiv Mosqueda (jefe de operaciones de minería digital de SUNACRIP). Ambos hombres se encuentran bajo custodia por su presunta participación en un esquema de robo de los asuntos energéticos de Venezuela.
Aún se desconoce cuándo podrán reanudar sus operaciones las criptoentidades venezolanas y cuánto durará la investigación. Algunos creen que el presidente Maduro podría reestructurar SUNACRIP o diseñar una nueva agencia reguladora desde cero.
Los cargos del DOJ de EE.UU.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., las criptomonedas también podrían haber desempeñado un papel en otras actividades ilegales en Venezuela en los últimos años. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) afirmó en 2020 que muchos funcionarios venezolanos de alto rango, incluido el presidente Maduro, han actuado como líderes del notorio “Cartel de los Soles.”
La organización criminal abusó de los locales y corrompió las instituciones nacionales para facilitar la importación de cantidades masivas a EE.UU. y empleó activos digitales para cubrir las transacciones, sugirió la agencia. El Fiscal General William Barr -uno de los funcionarios estadounidenses que anunció los cargos- dio más detalles:
“Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango presuntamente conspiraron con las FARC, provocando la entrada de toneladas de cocaína que devastaron las comunidades estadounidenses.
El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios corruptos venezolanos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni para llevar adelante sus planes delictivos.”
