Nueva propuesta de la UE pone límites a criptomonedas

La Comisión Europea pretende bloquear las grandes transferencias anónimas de criptodivisas en un esfuerzo por limitar las actividades de blanqueo de capitales.

La Comisión Europea presentó este martes 20 de julio una nueva propuesta en la cual se estipula que las empresas de servicios en criptomonedas tienen que recopilar y tener al día cualquier información que pueda dar cuenta de transacciones ilegales con activos digitales como lavado de dinero o blanqueo de capitales dentro de la UE.

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Según este instrumento presentado para su discusión y aprobación las empresas proveedoras de servicios en activos digitales tendrán que disponer de los datos personales de quien haga la transacción, así como el número de cuenta, lugar en que fue creada la misma y se usa para dicha operación.

También será imprescindible tener dirección de quien ordene la transacción, el número de documento de identidad personal oficial, la identificación que posea como cliente, fecha y lugar de nacimiento.

Asimismo, los proveedores de servicios tienen responsabilidad en lo que respecta al nombre, dirección y el número de cuenta de las personas involucradas en la transacción. Además deberá contar con las herramientas necesarias y técnicas para detectar la veracidad de la información de a transacción.

Estos requisitos estipulados en el instrumento jurídico deben suministrarse cuando la transferencia o transacción supere los mil euros o sin un cúmulo de pagos supere este monto. Esto en para que no se perjudiquen los sistemas de pago y su eficacia y para evitar las transacciones a la clandestinas que puedan encubrir actividades delictivas.

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Seá el Parlamento Europeo el que tenga la última palabra en la aprobación de esta propuesta

Asimismo, la intencionalidad de la propuesta es no permitir ningún tipo de “amenaza terrorista que suponen las pequeñas transferencias de fondos”.

De existir una serie de pagos o transferencias que supere la suma límite de mil euros, pero que no tengan conexión no sería necesario verificar la información por parte del prestador de servicios.

Será el ente legislativo de la UE, es decir el Parlamento Europeo el organismo que tenga la última palabra sobre esta propuesta, aunque es posible que no entre en vigencia en un futuro muy cercano.

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