Gobierno dictatorial de Myanmar pide cárcel para usuarios de Bitcoin y VPN

Gobierno de Myanmar BTC VPN
Los declarados culpables enfrentarían hasta tresd años de cárcel

El gobiernomilitar y dictatorial de Myanmar planea aprobar una ley que pide cárcel de tres años para  los usuarios de redes privadas virtuales o VPN y criptomonedas.

Además, los infractores se enfrentarán a multas de hasta 2 mil 800 dólares. El proyecto de ley ya está disponible para comentarios públicos.

Ley del Gobierno de Myanmar

Una vez promulgada, los infractores de la nueva ley se enfrentarán no sólo a penas de cárcel, sino también a una multa.

Las personas a las que se descubra utilizando VPNs podrían enfrentarse a una pena de prisión de uno a tres años, según un informe publicado por The Register.

Los considerados infractores enfrentarían una  multa de 2 mil 800 dólares o lo que es equivalente a unos  cinco millones de kyats, la moneda  de Myanmar.

Los usuarios de moneda digital, por su parte, se enfrentan a un mínimo de seis meses de prisión y un máximo de un año.

Gobierno de Myanmar BTC VPN
Los declarados culpables enfrentarían hasta tres años de cárcel

Esta ley, además de estar dirigida a los usuarios de criptomonedas  y VPN, el gobierno militar quiere obligar a los proveedores de servicios a hacer pública la información personal de los usuarios si las autoridades la solicitan.

Los ciudadanos tienen la posibilidad de opinar sobre el borrador hasta el próximo  28 de enero.

Se critica la legislación propuesta

Como  respuesta a las recomendaciones, Alp Toker, directivo de la empresa Netblocks, dedicada a la  vigilancia de Internet, es nombrado  en el informe sobre la ley al criticar los esfuerzos del gobierno militar de Myanmar por sumar algunas  disposiciones que habían sido previamente rechazadas por la industria del ramo  y también por la sociedad civil.

Incluso para los estándares militares birmanos [de Myanmar], la medida propuesta es extrema.

Aunque es probable que los gobernantes militares de Myanmar aprueben las leyes propuestas, Toker advierte en el artículo de Register que es probable que la acción del gobierno sea contraproducente.

“Están garantizadas para sofocar el discurso político y los derechos humanos, pero al final, esto sólo fortalecerá la opinión pública contra la autoridad militar“.

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