Las criptodivisas vuelven a estar relacionadas con un nuevo tipo de estafa que asola Estados Unidos. La Comisión Federal de Comercio (FTC) lo ha revelado recientemente en un informe sobre el uso de cajeros automáticos de Bitcoin en el país.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) afirma que estas máquinas están implicadas en robo masivo de identidad y lo ha puesto de manifiesto recientemente en un informe sobre el uso de cajeros automáticos de bitcoin en el país.
La comisión afirma que estas máquinas están implicadas en robo de identidad.
Falsos agentes buscan Bitcoin
La FTC informa de que los estafadores abordan a sus víctimas actuando como autoridades de servicios públicos.
Una vez contactados, dicen a las víctimas que han ganado un premio. Tras varias conversaciones, piden al ganador del premio que envíe dinero, usando un cajero de criptomonedas.
Las víctimas reciben un código QR y la dirección de un monedero donde los estafadores depositarán el dinero.
Se les indica que escaneen este código, tras lo cual las criptodivisas adquiridas se envían a la cuenta del estafador. Tras la publicación del estudio, un funcionario de la FTC aconsejó a los estadounidenses que fueran precavidos.
“En primer lugar, ningún funcionario del gobierno, agente de la ley o empresa de servicios públicos le pedirá que pague en criptodivisas, “dijo
Aumento de estafa con criptomonedas
Esta nueva trampa se suma a la larga lista de delitos relacionados con las criptodivisas. De hecho, la adopción masiva de las criptodivisas ha hecho que los estafadoresse aprovechen de la ingenuidad de los nuevos inversores.
En 2021, robaron 7.700 millones de dólares en criptodivisas, según otro informe. Este tipo de delitos aumentó un 81% en 2019 en comparación con 2020. Esto se debe, en parte, al incremento de la actividad de comercio de criptodivisa.
La FTC no es la única agencia estadounidense que se centra en los distribuidores de criptodivisas utilizados con fines ilegales.
La desregulación de estas máquinas ha facilitado el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la trata de personas, según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO).
