La orden ejecutiva del presidente Joe Biden sobre las criptomonedas incluía encargar a la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca la realización de un estudio sobre las implicaciones climáticas de la minería de criptomonedas, pero un experto del sector ve múltiples problemas en él.
En concreto, según el cofundador de CoinMetrics, Nic Carter, el estudio “Climate and Energy Implications of Crypto-Assets in the United States” tiene nueve errores críticos, que enumeró y explicó en su blog el 15 de septiembre.
#1 No hay datos nuevos
En primer lugar, Carter afirma que “este informe es principalmente una regurgitación de datos presentados (y en algunos casos soñados) por el mundo académico y los blogueros”, acusando a sus autores de tener poca experiencia en los debates sobre pruebas de trabajo (PoW) o de ser perezosos en su enfoque.
#2 Ignorar a los expertos del sector
También acusa a los autores de “ignorar las contribuciones de los expertos en la materia de la industria”, como las de Arcane Research, Bitcoin Mining Council o el informe ‘Bitcoin Net Zero’ de Ross Stevens de NYDIG y el propio Carter.
#3 Citando a De Vries
Además, ve un problema en la “dependencia extrema de [Alex] De Vries/Digiconomist”, ya que De Vries trabaja para el Banco Central Holandés “anti-cripto” y no es un experto en clima ni una autoridad en minería. Desmiente las afirmaciones de De Vries sobre el consumo de energía de BTC y los supuestos residuos electrónicos y emisiones de las criptomonedas.
#4 Citando a Gallersdörfer, Klaaßen y Stoll
Además, Carter critica que se apoye en el trabajo “no académico” y “conflictivo” de Ulrich Gallersdörfer, Lena Klaaßen y Christian Stoll, quienes “en realidad sacan provecho de sus esfuerzos académicos con una consultoría llamada Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI)”, ayudando a “las blockchains Proof of Stake a blanquear su reputación.”
#5 Apoyarse en informes “absurdos”
Citar el “absurdo” informe de Camilo Mora et al. 2018 “Las emisiones de Bitcoin por sí solas podrían empujar el calentamiento global por encima de 2°C” es otro punto de dolor, ya que Carter dice que “supone un modelo de Bitcoin (BTC) que no tiene ninguna relación con Bitcoin, y obtiene un resultado obviamente erróneo.”
#6 Enfoque conflictivo del uso de datos
A pesar de reconocer la falta de datos y que sus estimaciones son inciertas, el informe sigue presentando “conjeturas salvajes de gente como De Vries como hechos” y cita cifras erróneas. Como añadió Carter
“En lugares en los que podríamos tener modelos razonablemente buenos, como la estimación del consumo energético futuro de Bitcoin (…), se niegan a hacer una estimación”. Aunque el informe hace hincapié en las lagunas de datos y subraya las limitaciones epistémicas de este tema, los autores en general no se inmutan y siguen adelante con sus afirmaciones al desnudo.”
#7 Enfoque de “no se puede ganar” a los mineros que utilizan energías renovables
La parte más frustrante del informe, en opinión de Carter, es el hecho de que se desentienda de los esfuerzos de los mineros por descarbonizar sus operaciones, lo que incluye desestimar la mitigación de los gases de combustión, afirmar que el uso de las renovables varadas obstruye la transmisión y no acreditar a los mineros por “subvencionar una acumulación de renovables”.
#8 Evitar las proyecciones de la trayectoria energética de Bitcoin
También cuestiona la falta de voluntad de los autores del informe para proponer un modelo único que proyecte el uso de energía de Bitcoin en el futuro, dejándolo “muy abierto a la imaginación”, especialmente teniendo en cuenta que tales modelos son “proporcionados generosamente por la industria, que el gobierno ha decidido ignorar.”
#9 Sugerencias “estúpidas y contraproducentes
Por último, Carter arremete contra las recomendaciones “estúpidas y contraproducentes” que obligan a los mineros de Bitcoin a poner en línea “una nueva generación renovable neta para ser elegibles para minar”, un requisito que no existe para ninguna otra industria en los Estados Unidos.
Como recordatorio, en marzo de 2022, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que establecía la posición del gobierno sobre las criptomonedas y establecía su primera estrategia para proteger a los consumidores, la estabilidad financiera, la seguridad nacional y abordar las implicaciones climáticas, como informó Finbold.
